El Ayuntamiento de Dénia cifra en 33 millones de euros —a los que habrá que sumar intereses y costas— el quebranto ocasionado a las arcas municipales por la acumulación de sentencias judiciales recibidas desde la constitución del gobierno actual, en junio de 2015. De ese montante, 28 millones corresponden a sentencias firmes, y los cinco millones restantes, a sentencias pendientes de notificación o resolución definitiva. Todas proceden de los siete años de gobierno del PP con Ana Kringe como alcaldesa.

El cómputo fue hecho público durante el pleno municipal de ayer por el concejal de Hacienda, en respuesta a la petición cursada hace unos meses por Alexander Rodenkirchen, edil de Podemos.

No es difícil visualizar esas cifras astronómicas y su impacto potencial sobre el día a día de los ciudadanos:

– la desastrosa gestión del PP volatiliza dos terceras partes del presupuesto anual de Dénia;
– el agujero supera en un 50 % el presupuesto total de “bienes corrientes y servicios” (el
dinero que necesita el Ayuntamiento para hacer todo lo que hace, dejando fuera solo los
gastos de personal);
– para pagar a escote la deuda judicial cada dianense tendría que poner 800 euros.

En el marco de su labor de oposición constructiva, los concejales de Podemos, cuyo programa electoral incluía la realización de una Auditoria Ciudadana de las cuentas municipales, definen la comunicación pública de estos datos como un paso hacia ese objetivo de transparencia, y no descartan solicitar que asuman su responsabilidad política y dimitan los concejales populares que formaron parte de la legislatura anterior.

Según Rodenkirchen, “el daño causado por los errores del PP no es solo fruto de la incompetencia o el descuido; representa a las claras la manera de gobernar de los populares: de espaldas a la ciudadanía, con visión cortoplacista, un uso chapucero de los recursos técnicos y un desprecio monumental por el dinero público”.