Lo importante es acabar con la incertidumbre y aprobar el mejor Plan General Estructural que Dénia pueda tener. Así puede resumirse el último taller organizado por el Cercle Empresarial de la Marina Alta y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Dénia en torno a la viabilidad económica y las posibles responsabilidades patrimoniales que puedan derivarse del PGE, en actual exposición pública.

La Marina de Dénia volvió a ser el escenario escogido este martes para llevar adelante el taller, que contó con una amplia explicación a cargo del abogado especialista en Urbanismo Ernesto López de Ayala, del bufete Pérez Segura y Asociados de Alicante.

Entre otros, se habló de sectores como el B4, el Bosc de Diana o el Hort de Morand, con convenios suscritos con el Ayuntamiento de Dénia y que el PGE da por finiquitados. De llegar a los tribunales, las indemnizaciones podrían suponer cerca de los 300 millones de euros (cifra que se pone en contexto si se compara con el presupuesto de la ciudad para 2017 y que asciende a 58 millones de euros).

Así pues, de producirse el peor de los escenarios, ¿quién debería soportar esta sangría monetaria? Es posible, según se expuso, que además del Ayuntamiento de Dénia, la Conselleria llegue a tener responsabilidad solidaria, dado que es esta administración la que aprueba en última instancia el PGE.

Pero también, y según se puso de manifiesto, es probable que puedan derivarse responsabilidades a los concejales que respalden este documento en el pleno. Con independencia de ello, quienes realmente sufrirán las consecuencias serán los vecinos de Dénia. Otros puntos abordados fueron la inminente exposición pública de las Normas Urbanísticas Transitorias (NUT) de la Conselleria, que según se desprende de los documentos de la web de dicha administración, entra en contradicción en algunos sectores con los contenidos del PGE de Dénia. ¿Se van a otorgar licencias? ¿Seguirá siendo necesario un estudio de integración paisajística? ¿Qué pasará en aquellos puntos en los que no coinciden? Las preguntas en torno al PGE son muy superiores a las respuestas y por ello la presidenta de CEDMA, Sonja Dietz, ya advirtió al inicio del taller que “vale la pena debatir para que sea el mejor plan posible para nuestro futuro”.

De hecho, tanto la intención de empresarios y vecinos al organizar estas jornadas puede resumirse en lo que dijo el presidente de la Federación de Asociaciones, Mario Vidal: “sería muy importante por parte de todos los colectivos y toda la participación pública posible presentar las distintas alegaciones para que esto llegue con una seguridad jurídica al ciudadano, porque el PGE es para los ciudadanos, no para un grupo político u otro”. Para Vidal, tal y como está redactado ahora el documento, se aboca a la ciudad a una grave “incertidumbre jurídico-urbanística” y a los ciudadanos a una indefensión “que nos va a obligar a ir a juicio, y los juicios significan años y dinero”.

Benito Mestre, vicepresidente tercero de CEDMA y moderador en el taller del martes, fue el encargado de leer las conclusiones. Mestre alertó -además de sobre las consecuencias económicas- sobre la grave problemática del polígono industrial. “El polígono queda fuera de ordenación por el tema de la edificabilidad”, afirmó, lo que implica que si un empresario sufriera por ejemplo un incendio en su nave -”ojalá que no pase”, dijo- se vería en la tesitura de no poder reconstruirla.

Es también reseñable la introducción ofrecida por el delegado de la Asociación de Promotores, Carlos Pesquera, quien fue el primero en señalar, nada más salir a exposición pública el PGE, las graves consecuencias que podría tener para la ciudad. Pesquera recordó a todos los presentes las innumerables sentencias e indemnizaciones a las que está haciendo frente en la actualidad el Ayuntamiento y que han provocado, entre otros, que no se puedan acometer inversiones necesarias para la ciudad y que aumenten los impuestos, como el IBI, a los ciudadanos.

La próxima semana, en concreto el martes 21 de diciembre, y en el Edificio de Capitanía de Marina de Dénia, tendrá lugar la última de estas sesiones coorganizadas por CEDMA y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Dénia, y en la que se presentará el documento de conclusiones que servirá de base a las alegaciones que se presentarán al PGE