Estos nuevos peajes, afectan a todos los usuarios de la red eléctrica y, especialmente, a aquellos con menor poder adquisitivo o en situación de precariedad como, por ejemplo, quienes estén acogidos al bono social y con contrato adherido al PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor).

Estos incrementos de hasta un 44%, que incumplen claramente el pacto de Gobierno alcanzado entre PSOE y Unidas Podemos en 2019, van a hacer que la pobreza energética aumente y que muchas familias vean limitado y condicionado su derecho a una vida digna por la codicia de los oligopolios energéticos.

Es necesaria una tarifa regulada que proteja especialmente a las familias en situación de vulnerabilidad, que venga marcada por la creación de una empresa pública que cree un escudo social ante los abusos de los oligopolios energéticos y que impida este tipo de irregularidades de mercado.

La energía no es una mercancía, es uno más de los derechos humanos fundamentales para tener una vida digna y que necesita ser dotado de garantías jurídicas para hacerlo efectivo.