El Ayuntamiento de Pego aprobó en el pasado pleno aplazar su adhesión a la Agencia Valenciana de Protecció del Territori (AVPT). Se trataba de una propuesta presentada por el grupo de la oposición Compromís y que no contó con el apoyo del resto de grupos políticos; el equipo de gobierno (PSPV y Ciutadans de Pego), Partido Popular y Ciudadanos votaron en contra.

La AVPT es organismo autónomo de la Generalitat Valenciana que empezará a funcionar en las próximas semanas y tiene como objetivo la protección del suelo rural. Por el momento son los municipios los que deben adherirse de forma voluntaria a la agencia, es en ese momento cuando la AVPT ejerce las potestades autonómicas de protección de la legalidad urbanística respecto a infracciones graves o muy graves cometidas en suelo no urbanizable, común o protegido.

La escasa longevidad de este nuevo organismo fue una de las razones compartidas por el equipo de gobierno y del PP y Ciudadanos, por las que decidieron dejar sobre la mesa la adhesión de Pego. “No estamos en contra de la AVPT, pero en este momento preferimos que pase un tiempo prudencial para ver como funciona la agencia, pues no tenemos del todo claro su espíritu”, apuntó el alcalde, el socialista Enrique Moll.

El munícipe aseguró que el ejecutivo “no está en contra de que haya una ley reguladora y aseguró que el Consistorio ya trabaja velando para que no se lleven a cabo construcciones ilegales”, y matizó, “estamos trabajando en la confección de unas medidas para seguir ejerciendo una fuerte presión sobre dichas construcciones ilegales y, a su vez, apostar por potenciar las obras en suelo urbano”.

14 de enero de 2021

Tanto Moll como su compañera de gobierno, Alicia Siscar remarcaron que la actual Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana (Lotup) “debería tener más en cuenta la actual realidad del campo y su idiosincrasia, aquí por ejemplo manda el minifundismo, por lo que con la ley en la mano, es imposible que una persona no pueda construirse una caseta de aperos en su pequeña parcela”.

El portavoz de Ciudadanos, Simón Ortolà, condicionó la adhesión a la realización de un informe técnico y una comisión “para determinar si será beneficioso o perjudicial para los intereses de Pego adherirse”.

Por su parte, el representante del PP, Ferran González, remarcó que “ya se dispone de una ley que regula la construcción en suelo no urbanizable; no queremos que un órgano de fuera del pueblo nos diga que debemos hacer”.

En defensa de su propuesta, el portavoz de Compromís, Àngel Sendra apuntó que la adhesión “servirá para descongestionar la saturación de trabajo en el Ayuntamiento y también para que se aplique la ley”. El edil recordó que las construcciones ilegales, “no son legales por haber pagado una multa, deben adaptarse a los servicios como el de alcantarillado, por lo que los propietarios deberán pagar dichas mejoras. Llegará el día que será obligado hacerlo”.

La corporación municipal si aprobó, por unanimidad, una moción presentada de forma conjunta en la que se reclamaba “una vez más” la llegada del Tren de la Costa a la comarca.