El Ayuntamiento de Ondara eleva mañana a aprobación en el pleno ordinario de febrero una propuesta para solicitar a las entidades bancarias y otros organismos la mejora de los servicios para la ciudadanía en general, y para la gente mayor y con diversidad funcional en particular.

Según se explica en la moción que se presenta en el pleno, « en los últimos tiempos la prestación y calidad de los servicios bancarios presenciales a la población se han reducido de forma extraordinaria. Un proceso que se ha visto agravado por la digitalización, las fusiones y también por la pandemia, con la implantación de la cita previa, las limitaciones de acceso a las oficinas y las restricciones de horarios de atención. Ésta es una situación que afecta a la población en general, pero sobre todo, a los colectivos de personas mayores y con diversidad funcional, que ven sus derechos vulnerados por la falta de una atención específica que les ayude a ejercerlos de forma adecuada y segura. Con este fenómeno se pone de manifiesto una notable carencia de ética por parte de estas entidades, con el abandono de servicios y la aplicación de cuotas abusivas. Sin duda, estamos ante una situación de maltrato a los colectivos más vulnerables y, en definitiva, a la población en general ».

Es evidente, (según indica la moción) y el debate sobre cómo actuar está abierto a la calle, que «el servicio que ofrecen los bancos a sus clientelas ha empeorado a lo largo de los últimos años. Con la fusión de las entidades bancarias, se ha ido reduciendo la oferta, creando un escenario en el que hay menos competencia, lo que ha propiciado que los bancos tengan mucha más capacidad de imponer sus condiciones a los usuarios, despersonalizando el servicio atención al cliente. La digitalización y las fusiones han provocado el cierre de sucursales, obligando a la ciudadanía a realizar desplazamientos más largos. Las consecuencias de la pandemia han provocado una limitación de horarios de la atención al público y la derivación hacia la cita previa y los gestores. La banca online y la reducción de personal obliga a los usuarios a operar a través de los cajeros automáticos, del teléfono móvil y del ordenador. Este hecho, que afecta a todos los ciudadanos, tiene una mayor afectación a las personas de edad avanzada (que no están acostumbradas a utilizar las nuevas tecnologías) oa las personas con diversidad funcional. Y, detrás de esta situación nos encontramos con el abuso de las entidades que, lejos de facilitar el acceso a sus servicios por parte de estos usuarios, les requieren condiciones para atender a sus necesidades que van ligadas al cobro de comisiones por el mantenimiento de las cuentas corrientes o por sacar dinero en efectivo, además de que las libretas, que normalmente representan la única manera en que estas personas pueden visualizar la situación de sus ahorros, van desapareciendo de la oferta de productos disponibles a las entidades, en ocasiones obligándoles a sustituirlas por tarjetas de crédito dejando sin cubrir el derecho básico a la información por parte del cliente».

«La atención individualizada y de calidad, la formación en derechos bancarios, la detección de problemas específicos en el caso de cada cliente, deben ser las premisas a partir de las cuales el sector atienda a las necesidades de su clientela, especialmente, en los casos en que ésta sufra el riesgo de no poder ejercer sus derechos como consumidor por situaciones concretas de vulnerabilidad. Si las entidades bancarias, por sí mismas, no son capaces de encontrar e implementar iniciativas que se puedan alinear con los criterios y valores de la Responsabilidad Social, tendrán que ser las administraciones públicas, como garantes de los derechos de la ciudadanía y en su representación, quien asegure la asunción de estos compromisos de forma reguladora».

Por todo ello, se propone al Plenario del Ayuntamiento de Ondara la aprobación de los siguientes acuerdos: instar a estas entidades a que ofrezcan atención personalizada en ventanilla durante el horario que las oficinas estén abiertas al público, a fin de facilitar una atención más comprensible a la ciudadanía y, en particular, a la gente mayor ya personas con diversidad funcional; que estas entidades no cobran comisiones por conceptos derivados del servicio de atención a las personas que no tienen las habilidades para poder realizar, de forma autónoma, las diferentes gestiones en los cajeros automáticos y que se aplique una tarificación social en la aplicación de comisiones, en función de las características de cada cliente; que los productos financieros que se ofrezcan por parte de estas entidades a sus clientes sean transparentes y comprensibles; promover la instalación de cajeros automáticos en las zonas o barrios de la ciudad que quedan más lejos del alcance de las oficinas de estas entidades, a fin de que las personas que vivan puedan realizar los trámites más básicos (muy especialmente después del progresivo cierre de sucursales); que los poderes públicos competentes legislan y regulan una normativa bancaria más justa y solidaria, especialmente para las personas más vulnerables; instar a la Generalitat Valenciana ya la Federación Valenciana de Municipios y Provincias a la puesta en marcha de un plan de servicio rural financiero en aquellas entidades locales que no disponen de una oficina bancaria ni atención presencial (que incluya: la reactivación del servicio bancario en las poblaciones que no tuvieron ningún tipo de servicio financiero, basado en parámetros de responsabilidad social, ética bancaria y compromiso con el territorio, talleres y formación de alfabetización digital dirigidos a la disminución y erradicación de la brecha digital rural en la Comunitat Valenciana) ; y por último, trasladar este acuerdo a las Direcciones Generales de los bancos con sede en el municipio de Ondara, a la Asociación Española de Banca, así como al Consejo de la Generalitat, a los grupos parlamentarios de las Cortes Valencianas, a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, y en el Síndic de Greuges.