Dice hoy el Partido Popular que el equipo de gobierno quiere “entregar la titularidad municipal de la Residencia Santa Llúcia sin ningún tipo de consulta social y política”. Y que ha sido una decisión anunciada “a cosa hecha”. Dos afirmaciones, aun así, que no hacen más que evidenciar, una vez más, la escasa formación y rigor de las regidoras y regidores del PP y que las declaraciones apresuradas, agarrando al vuelo un titular de prensa, desembocan en manifestaciones de incompetencia. Porque ejercer el cargo de regidor es mucho más que sentar una vez en el mes al Pleno y buscar la noticia fácil.
Para ser regidor, hace falta, sobre todo, estar informado, formado, asesorado o, al menos, tener la humildad suficiente de solicitar la información pertinente antes de lanzar acusaciones sin cimiento.
Si los ediles popular se esforzaron, sabrían o habrían podido hacerlo fácilmente, que las gestiones para ceder las competencias sobre la Residencia Santa Llúcia, de titularidad municipal, en la Generalitat responde, simplemente, a la obligación de cumplir con la legislación vigente en el ámbito autonómico respecto a las infraestructuras sociosanitarias.
Concretamente, la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunidad Valenciana, en la disposición transitoria primera, especifica que “la Generalitat, de acuerdo con el que dispongo el Plan estratégico de servicios sociales de la Comunidad Valenciana promoverá el proceso de transferencia progresiva en la Generalitat de las infraestructuras y equipaciones de atención secundaria y de los servicios de atención diurna, de atención ambulatoria y de alojamiento alternativo de la atención primaria, de titularidad de las entidades locales”.
Pero es que, además, las actuaciones de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas para promover esa transferencia ya se han iniciado y el pasado 30 de noviembre de 2020 se recibió en el Ayuntamiento de Dénia carta de la Secretaría Autonómica de Planificación y Organización del Sistema en que se solicita información sobre la Residencia Santa Llúcia, en el marco del estudio general de la situación de los centros residenciales (atención secundaria) de titularidad municipal que se está desarrollando para dar cumplimiento a la mencionada ley y “avanzar en el traspaso de infraestructuras de competencia autonómica”. Entre otras cuestiones, se nos reclamaba información sobre la titularidad del inmueble, la situación urbanística, el tipo de gestión y relación laboral con el personal y una memoria económica del centro.
Los recordamos, señoras y señores del Partido Popular, que tienen acceso al registro general del ayuntamiento para estar informados, en todo momento, de las solicitudes que se reciben.
Aclarado este extremo, que el traspaso de competencias sobre la residencia en la Generalitat no es una decisión municipal, ni una decisión susceptible de ser consultada, sino el resultado de una regulación de competencias muy necesarias, también queremos dejar muy claro desde el equipo de gobierno que esta posibilidad futura, sin plazos todavía, ni ninguna concreción en cuanto a las pasas a seguir, no supone ninguna amenaza para el centro, ni para la ciudadanía de Dénia, ni para el bienestar de nuestros mayores, ni para la calidad de la asistencia que reciben. Porque el carácter público de la residencia continúa garantizado.
Los tiempos cambian, señoras y señores del Partido Popular. Y desde la responsabilidad política de los que ahora gobiernan se avanza en la regulación de aspectos hasta ahora abandonados a la arbitrariedad, y también a los intereses, de los sucesivos gobiernos populares que durante décadas han desmontado el sistema público sanitario y de servicios sociales.
Los tiempos cambian, señoras y señores del Partido Popular, y hay que estar en el día. Ahora, la ciudadanía no teme que la Consellería asuma las competencias que le corresponden, como en el 2014, porque el Partido Popular ya no gobierna la Comunidad.