Con mayoría simple, el PSPV-PSOE ha votado a favor de la versión final del Plan General Estructural, que ahora se remitirá para su aprobación definitiva a la Conselleria de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Paisaje. Sin embargo, dicha votación ha levantado polémica durante el pleno extraordinario de esta mañana.

Dicha problemática surge por el requerimiento de la Dirección General de Urbanismo, que exige incluir la siguiente disposición adicional al PGE: «A efectos de lo dispuesto en el artículo 33.1 de la LRJSP, las reclamaciones que por una eventual responsabilidad patrimonial puedan presentarse contra las determinaciones del PGE de Dénia no tendrán carácter solidario para la Generalitat. La eventual condena a ésta, con carácter total o parcial, por lesión patrimonial derivada de dicho supuesto, será asumida por el ayuntamiento totalmente».

¿Que significaría dicha disposición? Básicamente que, en caso de posibles sentencias desfavorables, será Dénia únicamente la que asuma responsabilidades económicas de cualquier consecuencia que pueda acarrear este PGE, sin contar con la Conselleria. Los partidos de la oposición de la corporación muestran su «preocupación y miedo» por las condiciones de este PGE, pues ha sido redactado en colaboración de ambos órganos, aunque dejan que caiga la responsabilidad de cualquier fallo únicamente a la ciudad.

Extraña a la corporación esta declaración, ya que este tipo de responsabilidades derivadas de sentencias las abonan de forma solidaria las dos administraciones. En votación nominal requerida por Mario Vidal, portavoz de Gent de Dénia, sin contar con los 12 votos del PSPV, el resto de miembros del pleno han votado en contra del apoyo del documento  incluyendo a Compromís, partido que siempre había apoyado el PGE de los socialistas.

«Compromís sigue apoyando este PGE, pero estas modificaciones de Conselleria son arbitrarias, inoportunas impertinentes e incoherentes», recalca en el pleno Rafa Carrió, portavoz del grupo valencianista. Carrió describe como «coacción» este requerimiento por «no querer aceptar su responsabilidad solidaria y patrimonial derivando todo al ayuntamiento».

Por su parte, la concejal de Urbanismo, Mª Josep Ripoll, recalca la «necesidad del Plan General» y aunque este requerimiento es obligatorio para la aprobación definitiva, no comparten el susodicho. «Según la ley, la responsabilidad es solidaria entre las administraciones, pero la decisión final será la del juez», apunta Ripoll.