Las Normas Urbanísticas Transitorias (NUT) de Consellería de diciembre de
2018 -publicadas en enero de 2019-, se corresponden con la realidad
urbanística de Dénia de los últimos 30 años, y por tanto, de forma transitoria
regula todos los suelos urbanos que están consolidados.

El Plan General Estructural (PGE) de Dénia ha ido evolucionando en paralelo al
NUT, pero el primero contempla una serie de desclasificaciones de suelos
urbanos que la Consellería no ha querido contemplar en su documento,
básicamente por las enormes responsabilidades patrimoniales que conlleva, del
orden de cientos de millones de euros.
El Ayuntamiento de Dénia ya reconoció con las alegaciones municipales al NUT,
que en caso de que estas se aprobaran conforme se expuso, haría inviable el
PGE. Posteriormente, y ya que las alegaciones municipales no fueron
contempladas en el documento, procedieron con una notificación
extemporánea de lo que vinieron a llamar “corrección de errores”, pero que no
era más que un nuevo intento irresponsable para la desclasificación. El último
movimiento, desafiando los límites de la racionalidad, ha sido la aprobación en
el pleno para demandar a la Consellería por la aprobación de unas NUT que
contraviene el PGE, y por tanto, su viabilidad.
Este último hecho, insólito y nuevamente irresponsable, supone una
contradicción con lo que han venido manifestando constantemente como la
“política del codo con codo”, porque más bien parece de codazos, y que la
concejala se atreve a achacar a disconformidades de los funcionarios, técnicos y
juristas de la Generalitat que tienen por obligación informar respetando la ley,
las normas de aplicación, así como los criterios que sean más adecuados para el
interés general. La incongruencia también es achacable al Sr. Alcalde, porque
hay que recordar que en 2007 sus funciones municipales eran las de concejal
de urbanismo, y entonces otorgó cientos de licencias de obra con un Régimen
Transitorio de la Generalitat, que en muy poco difiere de las actuales NUT.
Después de una primera exposición pública del PGE en octubre de 2017, y con
una segunda exposición de modificaciones que se limitó a una memoria de
intenciones, donde el Sr. Chofre, coordinador no firmante del PGE, se atribuía
la competencia de valorar la procedencia o no de las indicaciones de los
informes sectoriales. En dicha segunda exposición pública no se contemplaban
planos de ordenación ni fichas urbanísticas, y por tanto, se basaba en futuribles
de lo que tendrían o no en cuenta de los preceptivos informes sectoriales; es
decir, de nuevo ha primado el oscurantismo urbanístico y la ausencia de
participación.

¿Cuál es la razón de esta falta de transparencia?, ahora ya lo sabemos, un
documento que a pocas semanas de las elecciones municipales sacan del cajón,
y que establece un pelotazo urbanístico de 200.000 m2 de nuevos desarrollos
dotacionales y residenciales en la partida Madrigueres, para hacernos una idea,
desde el camino de los viveros municipales hasta el tanatorio.
Dicen que es para compensar el Bosc de Diana, porque este suelo no puede ser
edificable por su inundabilidad, falseando nuevamente la realidad jurídica y
normativa, porque en los suelos que ya son urbanos puede edificarse
independiente de su inundabilidad, otra cosa son las medidas correctoras.
Si tanto les preocupa la inundabilidad, lo tienen fácil, además de corregir y
ampliar los estudios de inundabilidad del PGE, aprobar de una vez por todas la
declaración de municipio inundable, idea que surgió de la Agenda 21 Local que
el partido socialista y Compromís también se ha encargado de destruir.
Pero la supuesta compensación no está justificada, y de lo que hablamos es, sin
duda, de una operación urbanística que no tiene precedentes, de un suelo no
urbanizable que aún sigue manteniendo milagrosamente valores agrarios que
le confiere una calidad paisajística de relevancia. Un hecho igualmente
sorprendente es que en la documentación del PGE de 2019 que el
Ayuntamiento dice pretender su aprobación, las 20 hectáreas que cambian su
condición de suelo protegido a urbanizable, se encuentran dentro de la
infraestructura verde del PGE.
En definitiva, se trata de una terrible agresión al paisaje tradicional, una
injustificada decisión que tampoco viene contemplada en la memoria del
pensamiento chofriano de 2016, donde se acotaba cualquier tipo de
compensación urbanística a las 6 hectáreas ubicadas desde dicho camino de los
viveros municipales hasta Dénia, proponiendo incluso, la prohibición de
cualquier tipo de futura construcción en el ámbito del Pla de Dénia.
En cualquier caso, se trata de una modificación sustancial que obliga a una
tercera exposición pública del PGE, aunque la segunda no fuera más que un
nuevo insulto a la inteligencia de los vecinos de Dénia. Pero no lo harán,
enviarán cualquier cosa a la Generalitat, la cual ya está disuelta, y nadie
informará ni aprobará nada hasta después de las elecciones autonómicas. Se
trata de un despropósito sin precedentes, y que no sólo es responsabilidad de
la concejala de urbanismo y el Sr. Chofre, sino muy especialmente, del Sr.
Alcalde, porque él es el máximo responsable, el mismo que dejó sobre la mesa
el PGE de 2015 para después abandonarlo. Todo por la codicia de ponerse una
medalla que no le corresponde, porque el urbanismo de Dénia debe
despolitizarse definitivamente, y el camino que tanto PP como PSOE han
trazado a lo largo de estos años, es sin duda de un fracaso permanente, con
consecuencias muy graves para la economía dianense, y que por supuesto se ve
reflejado en los recibos del IBI de todos los vecinos.

Son 15 años sin plan, y teniendo en cuenta que la actual fase ambiental caduca
el próximo mes de agosto, nos llevará sin duda hasta los 20 años. Aberrante
comportamiento político fruto del egoísmo y la priorización de los intereses
políticos por encima del interés general.
Gent de Dénia merece el apoyo de los dianenses para invertir esta situación, y
por eso nuestro compromiso es firme, porque con la confianza que nos permita
asumir el gobierno de esta ciudad, la decisión será la de cumplir con la ley, es
decir, tendremos PGE en un plazo inferior a 2 años.