Dénia y Xàbia está entre las 62 entidades locales que se han adherido a la
declaración de valencia un documento que surge de las jornadas
organizadas por el Ayuntamiento de Valencia para reivindicar ante el
Gobierno central la mejora de la financiación de las entidades locales
y la derogación de la Ley de Racionalización de la Administración
Local, que fue aprobada en 2012 en plena crisis de las
administraciones.

En estas jornadas participaron el alcalde, José Chulvi y el concejal
de Hacienda, Toni Miragall, uy que contaron con la participación de
numerosos expertos, y políticos del PSOE, Compromís y Podemos. Entre
estos la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena o de Barcelona, con el
número 2 de Ada Colau, Gerardo Pisarello. También ha participado el
President de la Generalitat, Ximo Puig, o la Vicepresidenta del
Consell, Mónica Oltra, entre otros.

El programa ha debatido sobre la financiación de los Ayuntamientos,
así como sobre tributos “actualización de los impuestos municipales a
las circunstancias sociales y ambientales actuales, IBI de las
organizaciones sin ánimo de lucro”; “Financiación: transferencias del
Estado y de las CCAA”, o Magnitudes presupuestarias y contables: regla
del gasto, plan de ajuste y destino del remanente de tesorería”. Es
uno de los aspectos es precisamente este la imposibilidad que tienen
las administraciones locales de destinar el dinero que no se gastan a
lo que necesiten, y así lo expresaba el President de la Generalitat.

Tras las jornadas, todos los asistentes han firmado la declaración de
Valencia un documento que incluye diez puntos en los que se plasman
las propuestas de reformas del marco legal que permitan un
reequilibrio de recursos para la que los ayuntamientos tengan la
autonomía financiera que les permita atender las necesidades de la
ciudadanía y prestar unos servicios públicos de calidad.

En total han sido 62 las entidades locales que se han adherido al
manifiesto y entre ellas Déna y Xàbia. A este respecto, el alcalde, José
Chulvi, ha destacado que “el Gobierno no puede seguir dando la espalda
a las necesidades de los Ayuntamientos que sí cumplimos con nuestras
obligaciones y tenemos cuentas saneadas. Es incomprensible que
tengamos remanentes de tesorería – tanto nosotros como la Diputación
de Alicante, por ejemplo – y no los podamos gastar en mejorar las
condiciones de vida de la gente porque una Ley nos dice que los bancos
están primero”.