Los usuarios de los amarres públicos del Puerto de Xàbia han decidido unirse a otros usuarios de puertos de la provincia y la Comunitat, con el fin de crear una organización para revindicar sus derechos ante la Conselleria de Obras Públicas.

Junto a los 220 de Xàbia, son más de 2.000 los amarristas que utilizan un atraque titularidad de la Conselleria y por el que pagan cerca de 1.000 euros anuales. Unos ingresos que solo en el puerto de Xàbia, equivalen con 220.000 euros.

Por este motivo, este sábado celebraron en su sede en los almacenes de los pescadores de Xàbia una reunión para dar forma a la Federación de Asociaciones de Amarristas Públicos de la Comunitat. Según explicaron son una » especie en extinción», ya que la Conselleria pretende privatizar todos los muelles que ocupan con el fin de obtener una mayor rentabilidad con concesiones «a marinas privadas».

Tampoco disponen, denunciaron, «de sistemas de vigilancia» para evitar cualquier tipo de acto vandálico, o torres para tener agua y luz para sus embarcaciones. Pero también denunciaron que los «anclajes a los muertos del pantalán flotante llevan meses sueltos y sometidos a los movimientos del mar de fondo», con el riesgo que supone para las embarcaciones que están amarradas en los pantalanes.

En declaraciones a los medios, el secretario de la asociación, Juan Tarazaga, explicó que estos amarres «son de pequeñas embarcaciones» -de unos 6 a 8 metros de eslora- «la gente de aquí de Xàbia» y subrayó que dan trabajo a numerosos sectores paralelos, un argumento que también utilizan desde el sector de las marinas para defender sus concesiones.

Por su parte, el presidente de la entidad, Miguel Mena, indicó las dudas que tienen desde la asociación respecto a la protección de la Costa que promueve el Ministerio y apoya el Ayuntamiento de Xàbia, el LIC de la Marina Alta que restringirá los usos entre el Cap Prim y el Cap d’Or de Moraira.

A este respecto, Mena aseguró que no han contado con ellos para los trabajos y remarcó que son conscientes de la necesidad de «conservación del medio marino y de las medidas a tomar acorde», por este motivo conminó al Ministerio y al Ayuntamiento a aplazar la implantación de la restricción un año. Y en ese año «valorar y decidir entre todos los sectores implicados las medidas a aplicar».