Desde la entrada en vigor de la Ley de turismo, ocio y hospitalidad de la Comunitat Valenciana, los ayuntamientos tienen la última palabra, a tenor del artículo 65 del documento, a la hora de que empresas y particulares inscriban viviendas en el registro de Turismo para ser destinadas al alquiler turístico. Dicho artículo obliga a los consistorios a emitir un “informe urbanístico de compatibilidad” para declarar los inmuebles como de “uso turístico”, nomenclatura y trámite que, por ahora, no existen en el planeamiento urbanístico de las localidades que cuentan con un Plan General.  Esto supone un gran problema tanto para los ayuntamientos, como para los arrendadores de las viviendas y empresas y profesionales del alojamiento turístico. La complicación es aún mayor en las localidades en las que no hay ningún plan urbanístico en vigor, como es el caso de Dénia o Llíber.

El Cercle Empresarial de la Marina Alta ha iniciado una serie de acciones para exponer la problemática y exigir al Consell la modificación de la Ley de Turismo, derogando el artículo 65. La primera medida ha sido reunirse con los ayuntamientos de la comarca en la que ha podido constatar que entienden la gravedad de la situación y que existe la voluntad de solucionarla cuanto antes.

Alcaldes y concejales de Urbanismo de Dénia, Xàbia y Teulada-Moraira han manifestado expresamente a la junta directiva de CEDMA que su intención es no poner trabas a la emisión de los informes urbanísticos de compatibilidad. Todos entienden perfectamente la relevancia de las viviendas turísticas para la economía de sus municipios, puesto que el 70% de los visitantes de la provincia se aloja en viviendas. Además, todos -sin importar el signo político del equipo de gobierno-, han señalado que el artículo 65 de la nueva ley ha supuesto una mayor carga de trabajo. Los departamentos de Urbanismo han de dedicar mucho tiempo y recursos para averiguar la tramitación de los informes. Algunos, como Xàbia, se han visto en la necesidad de modificar su actual normativa urbanística para adaptarse al nuevo texto legal autonómico. Esto supondrá que el desbloqueo de la emisión de los informes se producirá dentro de meses…

Desde los Ayuntamientos se coincide con el Cercle en que estos esfuerzos y trabas se podrían evitar si se modificara la Ley de Turismo. Opinan que la solución debería ser global y no pasar por cada uno de los Ayuntamientos. Desde CEDMA se insiste en que el artículo 65 ha de ser derogado y se parte de la base de que en el momento de su aprobación no se llegaba a comprender el alcance real de la medida que se adoptaba. Ahora se están viendo las consecuencias y no son nada positivas para ninguna de las partes implicadas.

De las reuniones mantenidas la federación se pregunta que si los ayuntamientos no van a poner pegas, ¿para qué el trámite del informe urbanístico de compatibilidad, para poner un tapón al sector? Y se concluye que este no es un problema de partidos sino de territorio, por lo que espera que la cordura se imponga y se rectifique a tiempo.