Un gobierno democrático se debe a la ciudadanía que lo ha elegido antes que a los intereses de las empresas y a los intereses partidistas. Un gobierno que se dice progresista y que hace de la transparencia y la participación ciudadana sus señas de identidad con más razón. Pero si además el tema en cuestión es uno de los pilares que sostienen nuestra sociedad como es la sanidad universal el asunto cobra una importancia insoslayable.

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de la Marina Alta lleva desde el año 2011 luchando desinteresadamente por los derechos de todas las personas de la comarca. Y lo ha hecho de todas las formas posibles: denunciando cuando ha tenido pruebas irrefutables las situaciones de inequidad, de mala praxis, de falta de profesionales sanitarios, de falta de material sanitario, de deficiencias en las infraestructuras; explicando a la ciudadanía cuales son sus derechos y como puede exigirlos por los cauces administrativos y legales previstos en las leyes; convocando concentraciones y manifestaciones pacíficas para hacer sentir la voz de un pueblo que se ha sentido, y todavía se siente, discriminado sin motivo alguno; aglutinando las fuerzas políticas de los ayuntamientos para que llevaran las reivindicaciones de la comarca al gobierno autonómico, gobernara quién gobernara. Y siempre ha sostenido que solo existe una solución al problema de la privatización de la sanidad en la Marina Alta. La reversión. Simple y llanamente. La vuelta a la gestión pública directa. Una gestión que, con todos sus problemas y sus deficiencias, no está contaminada por los intereses empresariales de conseguir un beneficio económico a toda costa.

El informe de auditoría ciudadana, que con tanto esfuerzo se ha sacado adelante después de más de un año de trabajo, ha demostrado de forma concluyente que no hay parches ni soluciones a medias, el modelo Alzira no tiene arreglo, hay que desmantelarlo. Y parece que por fin, después de ocho años de trabajo de la Plataforma, el President ha comprendido nuestros argumentos. Por fin se habla de iniciar un procedimiento de rescate. Por fin se reconoce, aunque sea de forma implícita, que siempre hemos tenido razón. Que no existe acomodación posible entre los derechos de  las personas y los de las empresas cuando hablamos de sanidad pública. Que el control de las empresas es una trampa en la que la administración siempre lleva las de perder. Porque las empresas siempre van a pedir más.

Las declaraciones del President el pasado fin de semana le dan una vuelta de tuerca a la situación. Reversión por las buenas o por las malas. A menos de un mes para el final de la legislatura estamos en tiempo de descuento. Y no vamos a tirar la toalla en el último momento. Por eso la Plataforma exige, porque creemos que el President nos lo debe, una reunión de urgencia para que nos explique cómo lo va a hacer, y también para que nos dé la oportunidad de explicarle nuestro punto de vista.

No queremos acabar esta nota de prensa sin dar un toque de atención a las corporaciones locales, a los representantes políticos de la Marina Alta, alcaldes, concejales, diputados autonómicos y provinciales. Como decíamos más arriba los intereses de partido no pueden jamás estar por encima de los intereses de las personas. Y eso vale tanto a la hora de gestionar competencias, como a la hora de reivindicar derechos en todos los foros necesarios. En los despachos sí, pero también en la calle, junto a sus votantes y vecinos. De lo contrario ya saben el riesgo que corren.