El pasado miércoles 26 de septiembre, tuvo lugar en la Cámara de Comercio de Dénia, el segundo encuentro de los miembros de la Plataforma Cívica de la capital de la comarca, una reunión con carácter de urgencia por faltar apenas unos días para que se levante la suspensión de licencias en el municipio, sin que hasta la fecha se haya aprobado la Norma Urbanística Transitoria y Urgente, y que la Generalitat Valenciana expuso allá por diciembre de 2017.

Tal y como se explicó a los asistentes, el motivo de esta injustificada demora, fue la petición municipal a la Conselleria para que desclasificaran una serie de suelos, a lo que el órgano autonómico contestó finalmente con la concesión de una prórroga hasta el 7 de septiembre para su justificación legal que evite indemnizaciones futuras, incumpliendo el Ayuntamiento dicho plazo al limitarse a presentar un NUTU municipal y alternativo al autonómico, administración que es la que tiene la exclusiva competencia en esta materia.

El pasado agosto, fue el mismo Director General de Conselleria, D. Luis Ferrando, hoy Secretario Autonómico, y dado que por el carácter de urgencia el proceso no se podía dilatar más, quien se comprometió con esta Plataforma a comunicarnos su decisión, pero que desgraciadamente quedó anulada en el último momento porque según dijeron, <<todavía no tenían información que compartir>>.

A partir del 19 de octubre se levantará la suspensión de licencias que rige desde hace dos años en el municipio, aventurándonos a una situación caótica y arbitraria que conducirá irremediablemente a la judicialización del urbanismo dianense, acompañado como no, del riesgo de responsabilidades patrimoniales que recaerán sobre la ya castigada ciudadanía dianense.

Con esta grave desidia institucional, ocasionada por el choque técnico – jurídico de las dos administraciones públicas, la local y la autonómica, que aunque con dos planes tan distantes, sí comparten el mismo interés político, se genera un paradigma contrario al interés general, y que está paralizando la economía de un municipio, así como bloqueando las soluciones estructurales para que Dénia pueda volver a ser operativa como ciudad.

Por todos estos motivos, la Plataforma Cívica ha decidido comunicar a la Generalitat Valenciana y al Síndic de Greuges esta lamentable situación, exigiendo a Conselleria que se rechace el NUTU municipal de 2018, aprobando el suyo propio expuesto desde 2017, advirtiendo que una nueva suspensión de licencias sería contrario a derecho, y finalmente, <<por dejación de funciones e irresponsabilidad por ir contra sus propios actos, así como por cualquier otra figura jurídica punible>>, a partir del 19 de octubre, los miembros de la Plataforma quedan liberados para ejercitar su derecho a  emprender las acciones judiciales oportunas, incluso las penales.