La actitud intransigente de la concejala de Urbanismo, María Josep Ripoll, ha unido a la oposición para pedir informe al secretario e interventor municipal sobre las posibles consecuencias económicas de las anulaciones de las PAIs pendientes en el municipio, concretamente del sector UNO B-4.

Ripoll niega la necesidad de dichos informes aduciendo que no es el momento de tramitación en los que puedan producirse dichas responsabilidades sin embargo desde la oposición se mantiene que la anulación de la prórroga que plantea el equipo de gobierno automáticamente conlleva la cancelación del PAI y con ello el pago de los terrenos que el Ayuntamiento obtuvo a través de un convenio.

PP, Cs y GDCU piden al secretario e interventor que detallen el número de solares que el Ayuntamiento ha adquirido de esta manera del sector y las valore, conforme al coste que viene pagando el Ayuntamiento como indemnización.

En el escrito remitido al secretario municipal la oposición ha asegurado que sólo el terreno del malogrado proyecto del Ecocamp son 10.000 m2 y que las últimas sentencias valoran dichas expropiaciones a 1.000 €/m2 lo que supondrían 10 millones de euros. También han recordado que la ley impide tomar iniciativas que supongan un desembolso económico para el Ayuntamiento para el que no tenga presupuesto o no pueda asumir.

La ley obliga al secretario a pronunciarse mediante informe cuando éste es solicitado por al menos un tercio de los concejales del pleno, como es el caso, y desde la oposición se espera que este asunto quede perfectamente aclarado para las futuras responsabilidades que puedan derivarse