Mompo afirma que la sentencia del tribunal supremo no es una sentencia sino un auto que no entra en el fondo. Ni quita ni da razón. Sigue diciendo que la obra es legal dentro de los requisitos legales.La licencia se deniega con la casa terminada. Cuando el Ayuntamiento para la obra lo hace cuando estaba ya terminada. Nosotros esperamos que nos denegaran o concediera la licencia. Le advertimos por dos veces que estamos esperando la concesión o denegación. Dos meses después, alega Joaquín Mompó que volvió a dirigirse al consistorio y de nuevo no hubo contestación. Pasados seis meses «entendimos que había silencio administrativo y continuamos las obras». Mompó alega que alguien accedió al expediente y provocó toda una injerencia hasta que el Ayuntamiento denegó la licencia cuando la obra estaba terminada:

Mompó afirma que entonces solicitó al Ayuntamiento que uno de sus técnicos, el mismo arquitecto municipal determinara las posible ilegalidades y entonces lo que estuviera fuera de ley se corregiría.
Nosotros presentamos toda una documentación completa en acta notarial de que era una vivienda con uso residencial y ellos lo remitieron a Consellería que devolvió la petición. La sentencia del TSJ afirma que no queda demostrado el uso residencial y es cuando recurrimos demostrando que había uso residencial. Sin embargo AGRO media y no admite la reposición de la legalidad sino que va a por la demolición por estar en suelo no urbanizable y en la influencia del Parque. Pero está calificada como zona especial y por tanto se pueden hacer reformas

Mompó acaba afirmando que el proceso ha sido irregular y que está dispuesto a ir a Bruselas con la documentación y cuya clave es que no se supera el 25 por ciento de ampliación que es lo que dice la ley. Y que quien tiene potestad, el Ayuntamiento, se queda al margen y es el colectivo AGRO el que se arroga todos los movimientos hasta la conclusión en que ha derivado el asunto.