Esta reivindicación de años y años, que fue defendida sobre todo por la antigua UPV y el Bloc y últimamente por Compromís, liberar de peaje la AP7, parecía de pleno consenso entre los colectivos políticos, empresariales y ciudadanos. Pero no. Desde HOSBEC, la patronal provincial hostelera y el Instituto de Estudios Económicos alicantino, según el Diario El Mundo, no están a favor. En el caso de los primeros plantean la duda de que la gratuídad a partir de cuando acaba la concesión, 31 de diciembre de 2019, sea viable. El argumento es que se puede producir el colapso circulatorio si se tiene en cuenta que la alternativa es la única: la nacional 332 entre Alicante y Gandía, verdaderamente tercermundista y operativa desde hace 70 años. Calculan que actualmente utilizan la AP7, una media de 17.000 vehículos diarios. La patronal propone que se bonifique el precio a los residentes de la zona y que el resto pague para que así no se congestione la autopista.