Desde el Cercle Empresarial de la Marina Alta, tras los acontecimientos del pleno celebrado esta semana, y a la vista de la prórroga solicitada a la Generalitat sobre la vigencia del documento de referencia del Plan General Estructural -que expira el próximo mes de agosto-, queremos manifestar nuestra sorpresa con esta petición en cuanto que hace apenas unos días el gobierno de Dénia adjudicó el servicio de redacción, dirección y coordinación del Plan de Ordenación Pormenorizada. Dicha redacción únicamente puede realizarse una vez esté aprobado el PGE, que no solo no se ha aprobado, sino que además ahora se pide una prórroga.

Lamentablemente, no es lo único que nos sorprende en todo este asunto. En estos momentos la única solución que vemos en el corto y medio plazo, es la aprobación de las Normas Urbanísticas Transitorias, el NUTU, de la Conselleria de Territorio, y por lo escuchado en el pleno de esta semana, es pausible pensar que el mismo Ayuntamiento está tratando de frenar dicha normativa.

Con independencia de esta última apreciación, ha quedado más que patente la falta de comunicación entre la administración municipal y la autonómica ya que no es de recibo que los dos documentos expuestos al público no se hayan coordinado en tiempo y forma. Quizá esta falta de comunicación no hubiera sido tan importante si el Plan General Estructural no se hubiera entrometido en el campo de la ordenación pormenorizada y si los crecimientos propuestos hubieran respetado el suelo urbanizado.

Además de todo lo anterior, tampoco somos capaces de entender por qué no se ha contestado a ninguna de las más de 400 alegaciones presentadas hace ya más de seis meses. Y menos aún que se achaque esta falta de comunicaciones a tres informes que supuestamente la Conselleria todavía no ha emitido. ¿Todas las alegaciones dependen de esos informes? ¿Las 400?

Nos preocupa asimismo, la caducidad de la suspensión de licencias el próximo mes de octubre. Nos preocupa porque en ese momento nos encontraremos con una “ciudad sin ley” en lo urbanístico, donde la inseguridad jurídica que hay ahora se acrecentará aún más si cabe. Si no hay reglas claras sobre dónde construir, qué construir o cómo construir ¿quién se arriesgará a pagar un proyecto (que es caro) y presentarlo sin ni siquiera tener la más mínima idea de si puede salir adelante o no? O en el peor de los casos ¿con qué criterio legal se podrá denegar una licencia y luego defender esta misma posición en los tribunales?

Es muy triste la aparente falta de sensibilidad ante un sector muy afectado que en estos momentos esta paralizado y del que dependen muchas familias y puestos de trabajo. Afortunadamente para los profesionales –y desgraciadamente para Dénia- estamos ante una excepción dentro de la Marina Alta, pero está pasando factura sobre todo a los autónomos y microempresas (sí, fontaneros, albañiles, electricistas, comercios de venta de material, gestorías…) que por el motivo que sea no pueden desplazarse fácilmente a otras poblaciones.

Es inevitable pensar, a la vista de todo esto, que de nuevo vamos a acabar la legislatura sin un plan general aprobado. Si no reacciona a tiempo –y ya estamos haciendo tarde- el equipo de gobierno va a dejar pasar, otra vez, una gran oportunidad.

¿Qué se podría hacer a estas alturas?

Lo fundamental en estos momentos es recuperar la seguridad jurídica y aprobar un marco normativo que permita a vecinos y empresarios disponer de una base sólida para poder operar, y no dejar la aprobación o no de las licencias prácticamente al arbitrio de los técnicos y su interpretación de los escasos artículos legales que son pertinentes en estos momentos.

Por este motivo, solicitamos al Equipo de Gobierno de Dénia que haga cuanto esté en su mano para impulsar la aprobación del NUTU de la Conselleria sobre todo porque parece ser el único documento urbanístico en una fase lo suficientemente avanzada como para poner fin a esta parálisis inaudita.