El 14 de julio de 2008 el pleno acordó dar nuevas competencias al edil Juan Collado (tristemente fallecido el pasado año). Este acuerdo pudo gustar o no, pero resulta obvio que los entonces gobernantes actuaron de buena fe y plenamente convencidos de que estaban tomando una decisión correcta ya que disponían de informes jurídicos favorables.
En claro desacuerdo con esta decisión, y haciendo uso de su derecho, el grupo socialista decidió interponer hasta tres recursos de reposición contra este acuerdo que son rechazados en base a un informe jurídico firmado por el secretario municipal, fedatario público y por tanto máximo garante de la legalidad del Ayuntamiento de Dénia.
A los pocos días de ser rechazados los recursos del PSOE (el 3 de septiembre), la Subdelegación de Gobierno pidió, el 11 de septiembre, la anulación de dicho acuerdo, lo que era imposible de conceder sin contravenir los informes jurídicos de los que disponíamos. Así que llevó el caso a los tribunales.
En una primera sentencia, los tribunales fallaron a favor de las tesis planteadas por la Subdelegación, si bien la sentencia reconoció expresamente que no existía “ni temeridad ni mala fe” en la actuación del equipo de gobierno. De esta sentencia se nos dio cuenta en una Junta de Gobierno, y dado que seguíamos confiando en el informe jurídico que nos llevó a la toma de la decisión primigenia, decidimos recurrir.
Los tribunales no aceptaron nuestro recurso y por ello la primera sentencia se hizo firme. La hubiéramos acatado, como no podría ser de otra manera, si hubiéramos tenido constancia de la misma, pero no la tuvimos en ningún momento.
Es más, a preguntas del concejal Óscar Mengual (PSOE) interesándose por este asunto, revisamos el expediente e incluso le dimos acceso cuando nos lo pidió, y la sentencia NO figuraba en el expediente.
Meses después de las elecciones y ya con Vicent Grimalt (PSOE) de alcalde, nos enteramos en una Junta de Portavoces de que han encontrado dicha sentencia “en un cajón”. Y pensamos “se habrá traspapelado”. En poco tiempo esa “sentencia en un cajón” pasó a ser, según nos dijo el alcalde, Vicent Grimalt, que “alguien” dio la orden a un miembro del personal del Departamento de Secretaría de que se ocultara la sentencia para evitar que se ejecutara.
De buena fe, votamos a favor de constituir una comisión que investigara si hubo o no irregularidades en la notificación de la sentencia, pero nos encontramos con varias sorpresas desde el principio: la concejal Marian Tamarit (Compromís) vino a la primera sesión con las conclusiones en la mano. Es decir, antes de que se llamara a los testigos o se revisaran las pruebas, ya habían decidido qué conclusiones se iban a extraer de todo el proceso (como suele hacerse en los países sin garantías democráticas).
También nos resultó sorprendente que todas las acusaciones que se vertían sobre los ediles populares del anterior equipo de gobierno se basaran en la palabra de un miembro del personal municipal –según nos había informado el alcalde- a quien NO se llevó a declarar como testigo a la comisión y al que por tanto NO pudimos ni hacer preguntas ni contrastar su testimonio.
No fue la única persona cuya comparecencia se impidió. De hecho, pedimos en varias ocasiones al presidente de la comisión, el edil Alex Rodenkirchen (¿Podemos-CET?) que se incluyera en la lista de testigos a otras personas, a las que finalmente NO llamó a testificar. Por no llamar, no se llamó ni a la anterior alcaldesa, a quien por cierto se le acusan de todos los males y en el más puro estilo soviet NO se le dio la oportunidad ni de explicarse ni de defenderse.
Lo mejor aún estaba por venir. En la sesión en la que se debía debatir las conclusiones, vinieron con ellas en la mano, nos entregaron un papel y sin mayor debate posible quisieron que fueran admitidas por nosotros. Nos negamos, protestamos y finalmente el presidente decidió aplazar el dictamen a la espera de un informe jurídico que aún hoy NO ha sido redactado.
Entendemos pues que esta comisión ha sido desde el principio una caza de brujas. ¿Por qué si no las conclusiones iban a estar escritas antes de comenzar incluso la primera sesión y se nos iba a impedir realizar preguntas a testigos?
Entendemos, además, que esta comisión se ha extralimitado en sus funciones dado que se trataba de dilucidar si hubo algún tipo de irregularidad en la notificación de una sentencia y finalmente lo que hace es una interpretación completamente arbitraria y partidista de cómo debería ejecutarse esa sentencia, cuando eso es algo reservado a los tribunales.
Finalmente entendemos que si el equipo de gobierno decide llevar a pleno este libelo goebbeliano al que ellos llaman “conclusiones de la comisión”, pese a que se decidió aplazar el dictamen de la misma (según dijo el mismo Rodenkirchen hasta en declaraciones a la prensa) para pedir un informe jurídico que finalmente no se ha realizado, el acuerdo que resulte de este pleno deberá ser, necesariamente, nulo de pleno derecho.