El grupo Civismo y Democracia publica un manifiesto exigiendo la separación de poderes. Una de las claves de la democracia.

En nuestro manifiesto, decimos SI a la separación de poderes, a la independencia de cada uno de ellos, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Para ello es necesario que no se produzcan injerencias de tipo alguno de uno en otro. En este artículo nos queremos referir a la influencia que ejerce la clase política sobre el Poder Judicial y sobre el Tribunal Constitucional, a causa de la potestad de aquellos sobre la elección de los miembros del órgano de gobierno de la judicatura (Consejo General del Poder Judicial) y sobre los Magistrados del garante de nuestra Carta Magna.

En esta Asociación, CIVyD, CIVISMO Y DEMOCRACIA, consideramos fundamental para nuestra institución democrática que la composición de estos dos órganos se decida y disponga por los jueces y no por los políticos.

El Estado de Derecho, entendido como sistema que protege al ciudadano de aquellos que dictan las leyes y las aplican, no puede ser ajeno a principios básicos de la Democracia, y entre ellos la División de Poderes, que garantiza que todos estemos bajo el imperio de la ley, y ese TODOS, no debe excluir a nadie ni situarlo en un plano diferente por razón alguna. Desde el Gobierno a la ciudadanía, pasando por la Administración, el sometimiento al ordenamiento jurídico resulta ineludible e inquebrantable, y ello sólo es posible con un control judicial impecable, siendo todo ello garantía de la existencia y ejercicio de los derechos fundamentales y libertades de todos y cada uno de nosotros.

Poder Ejecutivo (Gobierno), Poder legislativo (Congreso y Senado) y Poder Judicial (Tribunales) deberían ser independientes para que el Estado de Derecho funcionara y fuera una realidad efectiva. Todos sabemos que no es así actualmente. Con el tiempo el sistema se ha ido pervirtiendo y degenerando.

El Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, últimos garantes de la Democracia y del Estado de Derecho, están politizados desde su seno, al ser nombrados los miembros del órgano del gobierno de los jueces (Consejo General del Poder Judicial) por los diferentes partidos políticos, asegurándose así una determinada ideología o influencia en el órgano que rige la judicatura, cuyos integrantes han de proteger dicho Estado de Derecho. La injerencia política es una evidencia de la posibilidad de merma de garantías en la aplicación de la ley, porque todos tenemos los mismos derechos independientemente de nuestras circunstancias personales y sólo el respeto al principio de igualdad supone la efectividad contra cualquier forma de corrupción. No deben existir distinciones en su aplicación ni en las consecuencias de su incumplimiento, ya se trate de personaje público o ciudadano anónimo, hombre o mujer, con o sin recurso)

Desde nuestra Asociación CIVyD, CIVISMO Y DEMOCRACIA creemos que, con las injerencias políticas, la ausencia de separación de poderes y la pérdida de derechos y garantías para los ciudadanos, la perversión actual del Estado de Derecho es grave y por ello debemos luchar por restablecer la esencia de la Democracia.

El pueblo español debe comprender que todos los partidos políticos (actuales y anteriores) se han beneficiado, cuando han estado en el poder, de dicha falta de independencia, manteniéndola en connivencia unos con otros para de alguna forma salvaguardarse a sí mismos, aún a a costa de los derechos y garantías que deben proteger al ciudadano. Cada vez que existe injerencia, por mínima que sea, quiebra el Estado de derecho y la Democracia, pero que el control político venga desde su origen es un auténtico drama.

Un ejemplo de las injerencias y perversión del sistema es el hecho de que, en la actualidad, la Fiscal General del Estado ha sido designada a dedo por el partido político del que procede, habiendo sido Ministra en la anterior legislatura, circunstancia que pone en duda, automáticamente, o por lo menos cuestiona, su imparcialidad e independencia. Teniendo en cuenta que el Fiscal General del Estado tiene entre sus funciones la defensa de la legalidad, los derechos de los ciudadanos y DEL INTERÉS PÚBLICO tutelado por la ley, da las instrucciones a los fiscales sobre cómo proceder o qué delitos perseguir, la designación política debería suprimirse con carácter inmediato.

Es urgente y necesaria una modificación del sistema, los políticos no deben nombrar el órgano de Gobierno del CGPJ, y mucho menos repartirse sus puestos entre sus afines. El Consejo General del Poder Judicial es quien decide el destino y plaza de los jueces y quien nombra a los Magistrados del Supremo, que tienen la última palabra como el más alto Tribunal del Poder Judicial, y sus resoluciones son firmes, con lo que esta designación invalida la independencia de todos los jueces por ser precisamente su órgano de control.

El Tribunal Constitucional tiene unas connotaciones diferentes al no formar parte del Poder Judicial, siendo su único objeto la salvaguarda y defensa de la Constitución como norma de la que emanan todas las demás, garantizando que los jueces no interpreten las leyes al margen del marco constitucional y que el propio poder legislativo no las apruebe en contra de lo dispuesto en la norma fundamental.

Es necesario por tanto que dicho órgano sea también independiente de la clase política. Desde su creación aunque no se trata de un Tribunal Político, el sistema de nombramiento de sus integrantes resulta clave para cuestionar su transparencia.

Resulta curioso que el Tribunal Constitucional, en teoría independiente, regulado en el Título IX de la Constitución —artículos 159 a 165—, así como en la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (LOTC), intérprete de la Constitución y sólo sometido a estas dos normas, sea dependiente de los Poderes del Estado en cuanto al nombramiento de sus doce magistrados, de los cuales, cuatro son nombrados a propuesta del Congreso de los Diputados (nombramiento político), cuatro a propuesta del Senado (nombramiento político), dos a propuesta del Gobierno de la Nación (nombramiento político) y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial (ya hemos visto que los partidos políticos se “reparten” sus integrantes).

Nuestro objetivo es que los miembros del Tribunal Constitucional también sean designados por un mecanismo distinto al actual, entre jueces y magistrados, que tengan una trayectoria intachable en la Administración de Justicia y respecto a los que se pueda cotejar una impecable defensa de la Constitución en las resoluciones dictadas que les hagan acreedores, a su candidatura y nombramiento. (Experiencia, méritos e independencia).

El sistema de nombramientos actual ha venido sosteniéndose dada la alternancia de partidos que se ha venido produciendo desde el nacimiento de la Carta Magna, y por esta razón se ha producido un mero balance de poder, de representación de la clase política, en lugar de garantizarse su independencia propiamente dicha.

Los miembros del garante de nuestra Constitución son elegidos, en última instancia, por las cúpulas de los partidos, que negocian las propuestas de los candidatos conforme a lo establecido en el artículo 159 de la Constitución y el artículo 16 de la Ley Organica del Tribunal Constitucional, preocupándose del equilibro de poder en lugar de velar por su funcionalidad, de forma que priman sus intereses particulares sobre el interés general, siendo cada vez más partidos los que entran en el conflicto del nombramiento, por la proliferación de formaciones en la última década. Resulta vital modificar el sistema para que la Democracia y el Estado de Derecho sean efectivos.

El momento actual es delicado a todos los niveles. La ciudadanía está muy preocupada por los derroteros políticos y la economía del país, extremos que nos repercuten en lo individual y en lo colectivo y, si bien siempre se ha necesitado la independencia de poderes, hoy debe ser incuestionable. Debemos exigir que se articulen los medios para garantizarla, mediante las reformas oportunas.

Desde esta Asociación, CIVyD CIVISMO Y DEMOCRACIA nuestra intención es promover y fomentar la unión ciudadana entorno a conceptos claves de la Democracia y cada vez somos más los que defendemos un Estado de Derecho Pleno (sin privilegios partidistas ni ideológicos).