La inauguración de la IV Fira La Marina Alta amb els 5 sentits se convirtió el sábado en un punto de encuentro entre los gobernantes de diferentes localidades de la comarca y miembros de la junta directiva de CEDMA. Ocasión que fue aprovechada para hablar sobre la problemática que ha supuesto para el sector del alojamiento turístico la entrada en vigor de la Ley de turismo, ocio y hospitalidad de la Comunitat Valenciana. Y  no solo para las empresas y particulares que alquilan viviendas por temporadas, sino también para los ayuntamientos que han de aplicar el artículo 65 y expedir unos informes urbanísticos de compatibilidad a los inmuebles sin saber cómo han de hacerlo, con qué criterios o herramientas. Del debate surgido, se llegó a una conclusión, y es que el controvertido artículo debería ser modificado para ser aplicado tan solo a los municipios de más de 300.000 habitantes.

En rueda de prensa, Sonja Dietz, presidenta del Cercle Empresarial de la Marina Alta, junto con el secretario general, Esteban Cobos; y el presidente de la Asociación de Empresas de Alquileres Turísticos de la Provincia de Alicante, y miembro de la junta directiva de CEDMA, Mariano Espinosa; explicaron los porqués de esta propuesta que se va a trasladar al Consell. Afirmaron que la Ley está planteada para ciudades grandes como Valencia y no localidades como las de la Marina Alta en la que no hay suficientes plazas hoteleras para cubrir la demanda y el 85 % de los alojamientos turísticos se realizan en viviendas. Según señaló Mariano Espinosa, la Ley está hecha para las grandes ciudades. “Solo Valencia tiene 5.000 viviendas de este tipo, cuando en toda la Marina Alta hay un total de 25.000 alojamientos reglados”.

El artículo 65, que obliga a los ayuntamientos a expedir el informe urbanístico de compatibilidad para que las viviendas puedan ser destinadas al uso turístico aunque ya cuenten con la correspondiente cédula de habitabilidad. Esto ha paralizado la inscripción de nuevos inmuebles en el Registro de Turismo de la Generalitat Valenciana porque muchos de los ayuntamientos de la Marina Alta no disponen de un procedimiento de tramitación del informe, no cuentan con la figura del uso turístico en su ordenamiento urbanístico o, simplemente, no tienen un Plan General en vigor. “La comarca vive del turismo y no hay consciencia de las consecuencias de la aplicación de la ley”, afirmó Esteban Cobos, quien comentó también que “estamos muy preocupados pero estamos viendo que las autoridades saben de la problemática y se está buscando soluciones. Soluciones que queremos ya”.

Por su parte, Sonja Dietz añadió que las dificultades que plantea el artículo 65 para la legalización de las viviendas de alquiler turísticas supondrán una vuelta a la economía sumergida. “Se ha trabajado con mucho empeño en legalizar el sector para pagar los impuestos correspondientes y ofrecer un marco de seguridad a los turistas que alquilan las viviendas y todo se va a ir al garete”.